Por CARLOS ALBERTO ESTEFAN UPEGUI
Exgobernador del Tolima
Si bien es cierto, la frase
“todo tiempo pasado fue mejor” es común entre los mayores para evocar los años
que ya se
fueron, algo semejante podríamos
decir del sector agropecuario colombiano sin que se trate de defender
necesariamente las contemplaciones de un
proteccionismo Estatal llevado al extremo como en las épocas de la CEPAL.
Se trata de recordar
elementales apoyos que por su condición y naturaleza además de ser compatibles
con la época moderna, son indispensables como
preámbulo a la competitividad que se
requiere en un modelo globalizado, donde no solo son necesarios altos índices de
productividad sino eficaces indicadores de gestión administrativa y comercial.
La ley quinta de 1973, por
ejemplo, además de proporcionar formidables instrumentos crediticios, fue un
estímulo para que los profesionales fuesen al campo. Le ley agraria de 1961 además
de procurar por la redistribución de la
propiedad, incluyó también a los profesionales en la asignación de tierras y
estimuló las formas asociativas y el cooperativismo.
Los programas
de Caja agraria y Comités de Cafeteros, por citar apenas dos
casos, disponían de tecnólogos y prácticos, además de trabajadoras sociales y
mejoradoras de hogar para transferir tecnología y elevar el nivel de vida de
los habitantes del sector rural. Y para no ir muy lejos, al finalizar la década
de los noventa, se contó con eficaces instrumentos de política, tales como la
Agricultura por Contrato
o Venta Anticipada de Cosechas, mediante la cual el productor antes de
sembrar ya sabía a quién, cómo, cuándo y por cuanto vender su producción.
El incentivo al
almacenamiento rural, como una forma de conservar los excedentes de cosecha y
garantizar la seguridad alimentaria del país. El Fondo Agropecuario de
Garantías para brindar cobertura crediticia. Un mercado bursátil de la mano del gobierno como facilitador para
modernizar la comercialización y canalizar el ahorro privado hacia la
producción del campo.
Los apoyos directos e
indirectos del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de
conformidad con el decreto 2478 de 1999,
tales como El Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, el Fondo de
Solidaridad Agropecuaria, los
Certificados de Incentivo Forestal; y más recientemente el Incentivo a
la Asistencia Técnica (IAT), e
inclusive, Agro Ingreso Seguro, entre otros. La mayoría de los cuales siendo
buenos ya no existen por haberse administrado mal o haber caído en manos de
usuarios deshonestos, pagando justos por pecadores. Además, tampoco
se hizo lo suficiente por corregirlos.
Así las cosas, se trata de
una locomotora que no arranca porque le falta vapor; ante la pasividad de unos
gremios silenciados con los ingresos provenientes de los fondos
parafiscales.
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